A- de 2022

Conflicto de jurisdicciones suscitado entre el Juzgado 12 Civil del Circuito de Oralidad de Medellín y el Juzgado 6 Administrativo Oral del Circuito de la misma ciudad.

La controversia entre los precitados despachos tuvo su origen en la acción popular que presentó un ciudadano en contra de una Notaría, en razón a que el inmueble donde funciona ésta, no cuenta con profesional intérprete y guía intérprete de planta, tal como lo ordena la Ley 982 de 2005, ni tampoco se ha suscrito convenio o contrato con entidad idónea autorizada por el Ministerio de Educación Nacional para atender a la población objeto de dicha normatividad.

Luego de verificar el cumplimiento de los presupuestos subjetivo, objetivo y normativo para la configuración de un verdadero conflicto entre jurisdicciones, la Corte aplicó la regla de decisión del Auto 1100/21 reiterada en el Auto 018/22, mediante la cual estableció que las acciones populares que se presenten en contra de las notarías, para obtener las adecuaciones y ajustes razonables que permitan el acceso efectivo al servicio público notarial para las personas en situación de discapacidad, le competen a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, por cuanto dicha pretensión está inescindiblemente relacionada con el acceso a la función administrativa que cumplen estos particulares, en los términos del artículo 15 de la Ley 472 de 1998, esto es, en el desempeño de las atribuciones encomendadas en su condición de fedatarios públicos, conforme a lo previsto en el artículo 3 del Decreto 960 de 1970.

Con base en lo anterior ordenó el envío del expediente al Juzgado 6 Administrativo Oral del Circuito de Medellín para que, de manera inmediata, continúe con el trámite de la referida acción popular y para que comunique la presente decisión al otro operador jurídico involucrado, así como a los sujetos procesales e interesados dentro del trámite judicial correspondiente.